Más de dos mil delitos en 2020 y la suma acumulada de US$ 133 millones en los últimos tres años, son los números que están transformando el robo de madera en la Macrozona Sur del país en un lucrativo negocio que nadie puede parar. Por lo menos eso es lo que denuncian las empresas del sector, pequeñas, medianas y grandes forestales que se han visto afectadas con cerca de cuatro mil hectáreas cosechadas de manera ilegal solo durante el año pasado y que han sido comercializadas en el mercado negro, el que involucra a aserraderos ilegales y venta a terceros con guías de despacho “ideológicamente falsas”, lo que posibilita que incluso haya rollizos de madera que se han exportado hacia el extranjero desde algunos puertos de la zona sur del país.

De los delitos denunciados ante el Ministerio Público -que suman 2.531 querellas-, solo entre el 1% y el 3% ha tenido resultados satisfactorios, lo que implica que el chofer del camión que comete el ilícito quede detenido y que la madera y el vehículo permanezcan en custodia. Sin embargo, hasta la fecha nunca se ha podido llegar a las cabecillas de las bandas, confidencian ejecutivos del sector que prefieren mantener su identidad en reserva.

Un problema es que el estándar de prueba que se solicita es demasiado arriesgado de ejecutar, lo que hace que cada vez sea más difícil llegar a las bandas enfocadas en el robo de madera industrial que operan fuertemente en las regiones del Biobío, La Araucanía y que ahora se está extendiendo hasta la de Los Lagos.

La imagen es más o menos así: en un operativo de Carabineros en las carreteras forestales del sur del país deben estar presentes el chofer que maneja el camión con acoplado que acaba de ser sacado de manera ilegal de un predio y que está lleno de troncos de madera de eucalipto o de pino. Pero también el dueño o representante del predio, quien le muestra a la policía, en el mismo momento de la detención, videos y fotos del vehículo sacando y cargando la madera. Camiones que casi siempre circulan sin patente y que se usan hasta 12 veces para cometer los mismos ilícitos, incluso en los mismos predios, diariamente. Junto a ellos hay una veintena de personas que agreden tanto a los carabineros que están ejecutando el procedimiento policial, como a los dueños de los terrenos que fueron robados y que están denunciando el delito. La imagen la describe una ejecutiva de una de las empresas forestales calificada como pequeña, ubicada en la provincia de Arauco, que ya lleva más de 20 procedimientos como el descrito más arriba.

El tema preocupa a las empresas forestales y también al sector empresarial completo. De hecho, fue discutido en el consejo de la Sofofa de enero, día en que la Corporación Chilena de la Madera (Corma) hizo una completa presentación sobre la violencia en la zona de La Araucanía y describió cómo los focos de atentados y robos se estaban moviendo hasta la Región del Maule y también hasta Concepción.

En su presentación, el presidente de Corma, Juan José Ugarte, explicó que en los tres últimos años el monto de los delitos relacionados con el robo de madera se ha triplicado. En 2018 eran US$ 20 millones; la cifra se disparó en 2019 hasta US$ 45,2 millones y el año pasado totalizó US$ 67,8 millones. Solo en 2020 hubo 2.531 robos registrados, lo que equivale a 65 mil camiones con acoplado circulando por las carreteras de manera ilegal y a la cosecha fuera de norma de cuatro mil hectáreas forestales, donde el 80% es pino y el 20% eucalipto (ver infografía).

En lo que va de 2021, sostiene un alto ejecutivo de una compañía forestal, el ritmo de robo va a “galope tendido”, por lo que recalca que hoy la situación está “imparable”.

El sector forestal representa el 2,1% del PIB y es responsable del 8% de las exportaciones totales del país. Genera 120 mil empleos directos y más de 180 mil puestos de trabajo indirectos. Hoy existen 23 mil propietarios de plantaciones, pero la cifra podría sufrir una baja, pues debido a la violencia que se está viviendo en la zona de La Araucanía y el Biobío, hay algunas empresas que están evaluando dejar el país. Es el caso de Volterra, empresa de capitales japoneses donde participan Nippon Paper Industries con un 45%, Sumitomo Corporation, con 45% y Mitsui con un 10%. “Esa idea se está evaluando hace dos años, pero aún no se toma una decisión. Se está a la espera que se retome el orden público. Incluso los socios de la empresa han estado conversando con la embajada de Japón para que desde ahí también se pida alguna ayuda para controlar a las bandas que acá actúan como verdaderas mafias”, señala un ejecutivo al tanto de las decisiones de la firma.

Otra empresa que está en la misma situación es Anchile, también de capitales japoneses, que cuenta con un patrimonio forestal de cerca de 58.500 hectáreas distribuidas entre las novena, décima y decimocuarta regiones del país, indica en su página web.

Trazabilidad y control

“Vemos con mucha preocupación la situación, porque los recursos que se obtienen de este negocio ilícito van a financiar todas las actividades delictuales que se están viviendo en la zona sur. Además, los ataques los hacen a las empresas contratistas que somos las que estamos trabajando hoy día en el bosque y somos las que les prestamos servicios a las grandes empresas. De ahí salta la preocupación, porque son entre 20 a 25 camiones diarios los que están circulando por la provincia de Arauco. Cada camión lleva cerca de 35 metros cúbicos de madera y cada metro cúbico debe estar costando cerca de US$ 50. Esa es la cantidad de plata que está dando vuelta”, explica René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales.