Aún no asume su cargo y ya le espera un conflicto al nuevo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

Esto porque, el pasado 31 de mayo, la cartera publicó en el Diario Oficial las nuevas instrucciones generales para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores, en el marco de la nueva Ley Sernac. En dicha publicación se establece una serie de requisitos para que las asociaciones informen sus fuentes de financiamiento, balances y estados financieros, asemejándola a los estados de resultados de las sociedades anónimas.

Esto implica ampliar la frecuencia y cantidad de los reportes, entregando uno anual (a diciembre) y otro intermedio (a junio); ceñirse a los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA), incluyendo normas NIIF o IFRS, y sumar la auditoría de entes externos.

Si bien las asociaciones ya reportan al Ministerio de Economía sus balances -que se entregan en abril-, tanto Conadecus como Odecu consideran que las nuevas reglas extralimitan las funciones del ministerio y van más allá de lo que la propia ley exige.

“No estamos en contra de la transparencia”, comentaron Hernán Calderón, presidente de Conadecus y su par en Odecu, Stefan Larenas, representantes de las principales asociaciones de consumidores.

A juicio de Calderón, “esto se hizo desconociendo la realidad de las asociaciones de consumidores. Somos organizaciones de interés público, no tenemos ni administramos recursos. No somos un holding”, explicó. Además, sostuvo que salvo lo que reciben en general las asociaciones de consumidores por concepto de fondos concursables, “no tenemos otros ingresos” por lo que preparar los resultados en dicho formato acarrearía costos extra para las asociaciones más pequeñas.

Tanto Calderón como Larenas creen que estas disposiciones se hicieron pensando en la compensación que las agrupaciones recibieron con motivo del acuerdo tras la colusión del tissue, lo que “es una excepción. Las midieron a todas por lo que nos pasó”, dijo Calderón.

Por su parte, Larenas agregó que lo más complejo de las nuevas normas es la obligación de publicar las actas de las asambleas en las que se autorice iniciar acciones colectivas, “es decir, publicar los nombres de las personas, lo que nos llevaría a un desmedro frente a un eventual demandado”.

A eso se suma la publicación de los nombres de los abogados que los asesoran en dichos procesos “y sus honorarios. Ningún abogado va a querer trabajar con nosotros y esto además va en contra del libre ejercicio de la profesión”, manifestó.

Por ello, y en conjunto con otras asociaciones de consumidores, enviarán este lunes una carta a La Moneda para solicitar al presidente Sebastián Piñera que derogue la disposición del Ministerio de Economía.