La iniciativa, que ingresará al Congreso en los próximos días, facultará a la cartera para definir zonas de mayor densificación cuando se impulsen proyectos de integración social, aunque estos excedan las normas comunales.

“Humanizar nuestras ciudades”. Esa fue la frase con la cual el Presidente Sebastián Piñera describió el objetivo del proyecto de ley de integración social y urbana que firmó ayer para su envío al Congreso.

La iniciativa, que entrará a la Cámara de Diputados, busca una mejor planificación en la materia, y para ello entrega más facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Por ejemplo, la cartera podrá definir “zonas de integración urbana”, es decir, espacios donde se establecerán beneficios e incentivos para que las inmobiliarias construyan con mayor densificación a la que permita el plan regulador comunal, si bien no derogará este instrumento de planificación. Eso sí, esto podrá ocurrir siempre y cuando sean proyectos de integración, ya sea edificando inmuebles donde convivan familias vulnerables y de clase media o equipamiento urbano. Esto dependerá de las necesidades que el Ejecutivo identifique en el sector.

Estas zonas estarán alrededor de ejes de desarrollo urbano, donde el Estado realiza grandes inversiones, como líneas de metro, autopistas, hospitales y parques, entre otras, donde muchas veces los alcaldes optan por congelar los planes reguladores para garantizar la vida de barrio.

La cartera decide

Otro de los ejes del proyecto es el cambio de nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que pasará a llamarse Ministerio de la Ciudad y Vivienda. Más allá de la nomenclatura, la idea es que con la modificación se amplían las facultades de la repartición en cuanto a planificación urbana.

El ministro Cristián Monckeberg afirmó que “hoy, la planificación de la ciudad está entregada en un porcentaje altísimo a las comunas, y muchas veces no conversan entre ellas. Entonces, cuando una comuna no converse con otra o cuando vaya en contra de lo que la región quiere, el ministerio podrá decidir, respetando la autonomía comunal y regional, pero en algún momento alguien tiene que ‘cortar el queque’”.

Monckeberg agregó que hoy el ministro del sector no tiene facultades para cambiar un plan regulador y el proyecto de ley se las entrega.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, celebró la medida, porque, asegura, se asemeja a la figura de “alcalde mayor” que existe en grandes urbes del mundo.

“Me parece bien que haya autoridades de ese tipo en nuestras ciudades, porque no puede ser que todo se limite al municipio, que una comuna haga algo que afecte a la de al lado y la otra no tenga nada qué decir”, sostuvo.

Su par de Peñalolén, Carolina Leitao, dijo que en temas de viviendas y desarrollo urbano, “la intervención del Estado es fundamental”. En esa línea, planteó que “si dejas que solo el mercado regule el desarrollo de ejes estructurantes, por ejemplo, nunca se va a poder comprar un terreno para vivienda social (…) Ahora, cómo hacerlo desde el punto de vista regulatorio, yo creo que es una conversación que con cada municipio hay que tener”.

Tarea compartida

Expertos advierten que la fórmula podría generar tensión entre el Ejecutivo y los municipios. Felipe Arteaga, presidente de la Fundación Vivienda, indicó que “el problema está en que los municipios y los alcaldes representan a quienes son sus votantes, y eso genera una tensión entre la idea de barrio que quieren los que actualmente viven (allí) y lo que necesitamos como ciudad, porque ahí se requiere una visión más metropolitana”.

El arquitecto Iván Poduje, socio de la oficina de urbanismo Atisba, dijo que “lo más importante es densificar los corredores de metro y los entornos de parques, evitando que los alcaldes o grupos de vecinos puedan impedirlo, lo que implica tener una ciudad mucho más integrada y, además, que aprovecha su infraestructura”.

A juicio del abogado de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, “está demostrado que las viviendas sociales bajo ningún concepto generan daños a las comunidad adyacentes; por lo tanto, no debería haber ningún problema. Creo que no va a haber ningún alcalde en Chile que tenga el despropósito de oponerse a una política de integración social, porque nunca más saldría elegido”.

Definición
En las “zonas de integración” que definirá el ministerio se podrán sobrepasar las normas de los planes reguladores comunales.

Fuente: Infraestructura Pública