Desde hace unos años se empezó a hablar de los llamados “guetos verticales”, generando, por un lado, debate sobre los efectos urbanos que pudieran provocar como sobre la calidad de vida que pudieran permitir. La otra gran arista es sobre la legalidad de los permisos otorgados y si el que se hubiese dado un permiso de construcción que no se ajusta a las normas daba derechos o no.

Un debate largo en el que han participado diversas autoridades, instituciones, Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la República, asociaciones gremiales, la Cámara Chilena de la Construcción y la Fundación Defendamos la Ciudad, entre otros.

Como suele suceder, detrás de las grandes gestiones inmobiliarias hay proyectos de decenas y cientos de millones de dólares. Entonces, los poderes actúan y se hace difícil un diálogo, que se busque el bien común.

Muestra de lo anterior son dos cartas. Una de la Cámara Chilena de la Construcción respondiendo a una columna de Patricio Herman, y la de este último a la CchC. Cada buen lector o lectora podrá sacar sus conclusiones en este intercambio con intereses que, al parecer, no dialogan.

Carta de la Cámara Chilena de la Construcción

En su columna “Las incertezas jurídicas del negocio inmobiliario de las que nadie habla”, publicada por CIPER este lunes 17 de diciembre, el Sr. Patricio Herman –presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad– asegura que, de no ocurrir un determinado cambio legal que él mismo propone, “se seguirán conociendo comportamientos corporativos reñidos con el estado de derecho, e incluso contrarias (sic) a la probidad por parte de municipalidades, la Cámara Chilena de la Construcción CCHC y otras asociaciones relacionadas con el negocio de la construcción”.

Con esta afirmación, y como lamentablemente ya viene siendo costumbre, el Sr. Herman vuelve a rebajar el debate público de los mismos “temas ciudadanos de alto impacto” que dice representar.

Al respecto, sus prácticas son conocidas. Con tal de sostener sus propios argumentos se vale del cuestionable recurso de presentar contenidos técnicos (que bien podrían ser motivo de análisis) en el contexto de una ficción, identificando a todo aquel que no piense como él como parte de un poder omnipotente (el “enemigo” de toda ficción), que confabula en las sombras y actúa sin ningún respeto a la normativa y las leyes, agraviando de paso, y sin fundamentos, a personas e instituciones de la más diversa naturaleza.

Sabemos que así es muy probable que logre la adhesión de ciertos grupos afines a su pensamiento. Pero también sabemos que con este tipo de prácticas la necesaria vigilancia de la ciudadanía sobre los actos del sector público y el privado se desnaturaliza y pierde su norte, pues solo contribuye a la polarización de nuestra sociedad y a un debate de trincheras, que busca mantener y ojalá potenciar el conflicto en vez de aportar a un diálogo constructivo, que ayude efectivamente a mejorar la convivencia y el bienestar de las personas.

Pablo Álvarez T.
Gerente Vivienda y Urbanismo
Cámara Chilena de la Construcción