Faltando poco menos de un mes para que se inicie el proceso definitivo con el que el Gobierno busca entregar a inversionistas privados la operación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, el Gobierno definió importantes cambios en las condiciones que deberán cumplir el o los inversionistas que se le midan a arreglar el chicharrón en el que se ha convertido Electricaribe.

La agente interventora de la compañía, Ángela Patricia Rojas, publicó la adenda integral número 7 del proceso, que recopila todos los aspectos que se han venido ajustando e impone mayores exigencias a los inversionistas, entre estas, cinco prohibiciones.

Uno de los requisitos más llamativos, y que no había estado en ningún documento anterior, es que las firmas que adquieran la operación conjunta de los dos mercados (Caribe Mar y Caribe Sol) o uno de estos no podrán repartir utilidades ni dividendos durante tres años.

Según la directiva, esta medida va acompañada de una restricción de disminuir el capital, buscando asegurar que los recursos que debe capitalizar el inversionista en la fecha de cierre se destinen a la ejecución del plan de inversiones, estimadas en algo más de 8,3 billones de pesos.

Igualmente, el nuevo documento les prohíbe a los inversionistas que lleguen a ejecutar acciones para bajar el nivel de capital, como la readquisición de acciones por parte de las compañías u operaciones con partes relacionadas.

“El contrato de adquisición de acciones contendrá la regulación detallada de las cinco operaciones restringidas”, precisa el reglamento en uno de sus apartes.