Algunos gremios colombianos coinciden en que se deben buscar mecanismos para incentivar la reducción o compensaciones en las emisiones de carbono, pero manifestaron su preocupación por la inclusión del carbón dentro de los combustibles gravados dentro de la iniciativa del impuesto al carbono dentro de la nueva reforma tributaria.

Los gremios son la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto (Procemco), la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) y la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (Acoplásticos).

Vale decir que, como parte de la reforma tributaria que el Gobierno Nacional estaría presentando ante el Congreso de la República, se incluye la modificación de la Ley 1819 de 2016 en lo relacionado con el impuesto al carbono, gravando al carbón como combustible; esto, según las agremiaciones, generaría un impacto en diferentes frentes de la economía nacional, que “no se compensan en nada con los recaudos que pudiera recibir el gobierno con la iniciativa”.

De acuerdo con las conclusiones de los colectivos, en primer lugar, se generaría un alza en el precio de los contratos de generación de energía eléctrica del orden de $18 por kilovatio/hora, lo que representará un impacto sobre los consumidores finales cercano a $1,3 billones/año, que se reflejará en las tarifas de todos los usuarios, incluyendo los más vulnerables, cuando todos los contratos de los comercializadores sean renovados.

Expresaron que, para un usuario residencial promedio, el impuesto al carbono podría representar entre 4 % y 6 % del valor de la factura de electricidad, y para un usuario industrial, el incremento puede representar entre 7 % y 12 % en el valor del costo de la energía.

“Esta apuesta de inclusión de mayores impuestos en las facturas de los usuarios de electricidad del país, le representaría al estado una apropiación adicional en el presupuesto y un pago adicional neto, a través del ya deficitario fondo de subsidios, en cerca de $150.000 millones al año, para financiar los aportes que otorga el gobierno a los usuarios de menores ingresos”, indicaron los gremios.

Según éstos, la medida solo permitiría recaudar, por ese concepto, $250.000 millones, con lo cual se tendría un efecto neto negativo para la sociedad del orden de $1,2 billones al año.

“En el caso particular del sector de electricidad, la pérdida de bienestar de los consumidores del servicio público se traduciría en una apropiación de rentas del orden de $1,1 billones/año, por parte de agentes del mercado eléctrico que se terminarían beneficiando de la medida”, resaltaron las asociaciones.

Frente al impacto sobre la industria nacional, el colectivo destacó que la iniciativa causaría un efecto negativo en este rubro que utiliza este energético en sectores como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas.

“La experiencia internacional demuestra que la implementación de impuestos al carbono que gravan los energéticos sin mecanismos de gradualidad, y sin tener en cuenta la exposición del país a mercados internacionales donde no existen estos tributos, generan desplazamiento del sector industrial, pérdida del empleo, mayor huella de carbono y finalmente, ausencia de recaudo”, indicaron.

Y añadieron que “las industrias previamente mencionadas, además de verse afectadas por el incremento en sus tarifas eléctricas, generándoles una doble tributación, son estratégicas para la reactivación económica del país en el escenario posCovid, con lo cual, elevar sus costos de producción dificultaría su viabilidad empresarial, y en tanto, se afectará a los consumidores finales”, apuntaron.

En cuanto al impacto en la pequeña minería nacional, las agremiaciones afirmaron que la industria del carbón en el interior del país genera más de 35.000 empleos directos cuya producción abastece el mercado local. “Buena parte de ese empleo es formal y contributivo, y se encuentra localizado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander”, aseveraron.

De acuerdo con los líderes gremiales, el impuesto al carbono será asumido en parte por los proveedores de carbón en la negociación con sus compradores, “lo cual representaría una merma ostensible en la utilidad del minero que terminará motivando la informalidad y el menor empleo en el sector, aspectos muy inconvenientes para el país y para las regiones en un contexto de reactivación económica”.

Así las cosas, los gremios consideran que el principal problema de esta propuesta del gobierno es que grava al carbón y no a las emisiones de carbono, que son el problema en sí y el verdadero propósito de la Ley 1819 de 2016.