El Gobierno Nacional comenzaría a allanar el camino para levantar el tope del 25% que regula el mercado de energía eléctrica en el país.

La razón: en los próximos días, y en el marco del debate al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso de la República, el Ministerio de Minas y Energía (MME) radicaría una proposición con la que se pretende flexibilizar este límite en el mercado de energía para extenderlo hasta el 35%.

La medida que pretende gestionar la cartera minero energética ya había sido puesta sobre la mesa días atrás por la superintentente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño. “El Gobierno Nacional contempla la posibilidad de flexibilizar el tope en el mercado de energía”, señaló la funcionaria en días pasados. 

En el mismo sentido, voceros del MME le indicaron a Portafolio que el tema aún no está definido y que sigue en estudio por parte de los técnicos de la entidad.

Sin embargo, al indagar entre los voceros de los gremios del sector eléctrico del país sobre la citada proposición, estos coincidieron al señalar que por el lado de la comercialización no pondría en riesgo el sistema, cosa contraria cuando un agente es al mismo tiempo generador y comercializador.

Eso sí, subrayaron que si es una empresa que no está integrada, simplemente se levanta el límite de comercialización, ya que no genera energía. Pero si opera en ambos frentes, con un tope que se flexibiliza para estar por encima del 25%, no solo se presenta una concentración de mercado, sino además se corre el riesgo de derivarse un déficit en el servicio si este agente presenta una crisis financiera y operacional. 

Los gremios insistieron en señalar que el suministro de energía eléctrica es un servicio público que se pone en riesgo cuando un agente dominante genera y la vende de manera simultánea, con lo que empieza a ejercer un poder en el mercado.

En una misiva que enviaron Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en octubre pasado, los gremios sentaron su opinión con respecto al tema.

“La distribución de energía funciona a nivel global como un monopolio natural regulado, cuyo principio económico está fundamentado en que es más eficiente y menos costoso con una red en lugar de dos o más para atender a un mismo usuario. Por lo tanto, la función del Estado como regulador frente a esta actividad ha sido la de establecer reglas que mitigan el riesgo de un posible abuso de posición dominante cuando la competencia no es económicamente factible y, por tanto, no son necesarias las restricciones en la participación”, indica la carta en uno de sus apartes.

Para José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), los límites no deben ser definidos por la ley, sino por parte de la regulación.

“Deben ser dinámicos y estar acordes con el modelo, esquema y/o arquitectura del mercado eléctrico colombiano y, por ello, es necesario analizar los costos y beneficios de modificar los límites existentes, y definir los umbrales razonables a la luz de la arquitectura adecuada para el mercado colombiano, y para fortalecer su nivel de competencia”, explico Manzur.

Para los gremios, al elevar los topes en el mercado, no tendría en cuenta la concentración de mercado, y por consiguiente los efectos de la integración vertical.

De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), no cabe duda que los límites fueron establecidos por el regulador para proteger al usuario, y proponer su flexibilización como un puente para que los agentes existentes lleguen a tener hasta el 35%, terminaría afectando a los consumidores.

“En el mercado dos grandes conglomerados tienen la concentración, y si cada uno sube su participación al 35%, tendrían el 70% de participación. Esto va en contra de las afirmaciones que ha indicado el Gobierno; la primera, la entrada de nuevos agentes, ya que el mercado quedaría muy reducido para su participación y, segundo, en contra de la eficiencia y competitividad, ya que a mayor concentración, el incremento tarifario lo termina asumiendo el usuario final”, recalcó Castañeda.

Por su parte, un analista del sector eléctrico consultado por Portafolio afirmó que si se eleva el tope al 35%, una de las preguntas que se pone sobre la mesa es, ¿qué va a pasar con el mercado anónimo estandarizado?, porque la manera como los agentes ejercen poder es cuando se contratan entre ellos mismos para la compra y venta de energía.

“Es claro cuando el regulador insiste en mantener el tope del 25%, más para el mercado de contratos, que es donde se ejerce el poder, ya que si los dominantes obtienen más participación, terminan por imponer las reglas de juego para el sector”, recalcó.