La contraloría alertó sobre cuatro hallazgos fiscales en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la auditoria la incidencia fiscal sumaría $8.353 millones. La investigación también arrojó 20 hallazgos con presunto alcance disciplinario y 2 que probablemente tengan carácter penal.

“Uno de los hallazgos fiscales, en $1.920 millones, corresponde al presunto daño patrimonial que ha significado la poca efectiva gestión de la ANT para recuperar los recursos no pagados por los arrendatarios de los predios ubicados en las islas del Rosario y San Bernardo, donde a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una cartera de más de 90 días y hasta 8,53 años de morosidad”, explicó la Contraloría calificando esto como una gestión antieconómica.

Los arrendatarios de los siguientes predios son los que presentan mayor mora: Isla el Arca de Noe ($586 millones), Isla del Pirata ($328 millones), Hotel Isla Media Naranja ($278 millones), Hotel Kokomo ($261 millones) y Casablanca ($122 millones).

La contraloría también encontró cinco indicios de que el contrato que la ANT suscribió con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos (Colvatel) habría sido diseñado a la medida de esta empresa. Por ejemplo, el ente de control denuncia que en este contrato “el estudio previo tuvo en cuenta únicamente la oferta ofrecida por Colvatel y pudo haber pasado por encima del principio de selección objetiva al no incluir un estudio de mercado que considerara las propuestas de otros posibles proveedores”.

Sobre este contrato la auditoria también “identificó sobrecostos y estableció un presunto daño patrimonial por $367.275.847. Por esa razón objeta también un pago pendiente a favor de Colvatel por valor de $518.203.058, pendiente por el posible incumplimiento contractual”.

Asimismo, la Contraloría alertó sobre una serie de incumplimientos en los compromisos pactados en el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. En este lugar el Incoder (entidad liquidada de la que resultó la ANT) adquirió 430.88 hectáreas que no puede entregar porque no son adecuables para riego por gravedad. Lo que comprometió $3.263 millones.

“A esto se suma también la compra del predio Yarumal, ubicado en la jurisdicción de Turbó, en el Urabá antioqueño. Allí se habría producido un detrimento patrimonial por $3.000 millones porque la compra fue hecha sin que existiera la certeza de la existencia de la comunidad étnica que se beneficiaría del bien”, indicó la Contraloría.