Un solo punto del pliego de 104 peticiones que el Comité Nacional del Paro le presentó al Gobierno, le costaría al país unos $15,4 billones, es decir, al menos dos reformas tributarias. De esa magnitud será la dificultad para los diálogos entre el Gobierno y los organizadores de la protesta iniciada el pasado 21 de noviembre, y que amenaza con extenderse hasta el próximo año.

Tanto el Gobierno como el sector privado sienten que las peticiones del Comité van más allá de las posibilidades de una negociación, por lo que el pliego, a cambio de dejar claras las aspiraciones de los organizadores de las marchas, generó más incertidumbre.

En el caso de Ecopetrol, el Estado es dueño del 89%, pues el 11% restante fue puesto en manos de los colombianos, tras la autorización dada por el Congreso, para democratizar el 20% de la propiedad de la petrolera. Las acciones colocadas en el mercado se hicieron en dos tandas, una parte a $1.400 y otra a $3.700.

Ayer, el título de la compañía cerró a $3.260, lo que equivale a un descenso frente a un día atrás. Sin embargo, esta había venido subiendo por la mejoría del precio externo del petróleo y el cierre del plazo para el reconocimiento del dividendo que se apruebe en la Asamblea General de marzo próximo.

Por ejemplo, la decisión de retirar a Colombia de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a la cual acaba de entrar, tiene grandes implicaciones, tanto en la inversión hecha durante los últimos años para cumplir los requerimientos de admisión, como en la imagen del país frente a los inversionistas internacionales.

Esta decisión afectaría incluso a los mismos sindicatos, pues uno de los requisitos para pertenecer a ese ‘club de buenas prácticas’ es el respeto a los derechos laborales y garantizar la organización sindical en empresas públicas y privadas.

“Renegociar los TLC y salir de la Ocde representa para los empresarios perder la estabilidad jurídica para los negocios”, dijo María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y actual presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Estadounidense (Amcham).

Sobre los acuerdos comerciales, Lacouture aseguró que estos ofrecen reglas de juego claras para los empresarios, para poder vender y adquirir materia primas para la transformación en la industria nacional.

No tener aranceles le permite a la industria más oportunidades para competir en los mercados de mayor consumo, brindando a los colombianos opciones para crecer y la generación de equidad.

“En la actualidad, el país tiene acuerdos vigentes con cerca de 15 países. Para el caso concreto del acuerdo con Estados Unidos, renegociar un TLC implicaría perder los beneficios para acceder a ese mercado que hoy representa el 28% de las exportaciones del país. Por otro lado, la inversión estadounidense ha generado, durante los últimos años, más de 90.000 empleos y acceso a capacitación, transferencia de conocimiento y tecnología para el fortalecimiento empresarial”, dijo la presidenta de Amcham.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) asegura que “el pliego de peticiones que se ha presentado resulta desafortunado, pues refleja que realmente no tienen unas solicitudes específicas que se puedan evaluar y analizar su adopción para mejorar aspectos que puedan ser adoptados en el propósito de tener una política social más incluyente”.

Asimismo, el funcionario señaló que el pliego contiene todo tipo de solicitudes, algunas de las cuales constituyen más una plataforma política, que impiden su consideración en un proceso de reivindicación social que busque un mayor bienestar para la población.

“Creo que como plataforma política sería más conveniente que se presentara en un proceso electoral. Creo que es realmente imposible llegar a acuerdos en una mesa de conversación, si este es el documento base”, agregó Díaz.

A su turno, Rosmary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Mediana Empresas (Acopi), criticó el pliego del denominado Comité Nacional de Paro, porque considera que sus peticiones no son realistas.

“Yo veo que las solicitudes dejan clara su intención de cogobernar, y eso no veo que el Ejecutivo esté dispuesto a incluirlo como un tema de negociación”, dijo a Portafolio la presidente de Acopi.

Otros de los puntos del listado de peticiones presentado por el Comité Nacional del Paro que llama la atención de los expertos son los que tienen que ver con el pedido de derogatoria de la Ley Naranja, la creación del Holding Financiero del Estado y la suspensión del trámite de la reforma tributaria que anoche, al cierre de esta edición, todavía estaba siendo votada en el Senado del país.

Cabe decir que en la Cámara de Representantes se retomará hoy la discusión y la respectiva votación del articulado. Estas solicitudes son irrealizables, pues en el caso de los dos primeros ya están en operación, en tanto que la reforma tributaria sería aprobada antes del 23 de este mes, cuando se espera que finalicen las sesiones extras del Congreso.