El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se declaró infundado la demanda presentada -en fuero arbitral- por la empresa Obrainsa por un importe aproximado de S/ 21´705.700,29.

Esta empresa, explicó el MTC, inició una serie de procesos arbitrales  aseverando sus pretensiones con argumentos recurrentes, tales como el otorgamiento de ampliaciones de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales derivados en la ejecución de contratos de obra.

En concreto se evitó -al declararse infundada la petición- que la citada constructora obtenga ventajas económicas durante la ejecución de dos contratos. Estos son:

– Contrato de ejecución de obra N.º 146-2014-MTC/20, “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”. Al respecto, el tribunal arbitral resolvió declarar infundadas las pretensiones del contratista por S/ 19´151.827,17.

– Contrato de ejecución de Obra N° 075-2015-MTC/20, “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo – Occocuro-Pallpata- Dv. Yauri”. El tribunal arbitral resolvió declarar Infundadas las pretensiones del contratista por  S/ 2´553.873,12.

Asimismo, se declaró infundado la demanda realizada por el consorcio Cosapi Johesa -que demandó al Estado por la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas, Tramo km 52+000- Celendín. Las pretensiones del contratista fue por la suma de S/ 7´394.001,68.

El MTC detalló que con relación a la empresa Metro de Lima Línea 2 S.A., el tribunal arbitral emitió el laudo arbitral notificado el 5 de abril del 2019, dando la razón a la entidad y dispone mantener la penalidad impuesta por el Ositran contra la compañía, la cual asciende a 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Al haberse declarado que la penalidad aplicada se ajusta a ley y al marco contractual del contrato de concesión, se ratifica la posición del MTC en el desarrollo de este arbitraje.

David Ortiz Gaspar, procurador público del MTC, manifestó que se esperan otros laudos favorables para el Estado, consolidándose así una estrategia de defensa jurídica a los intereses del sector frente a las constructoras, que sin ningún sustento técnico y legal, pretenden obtener beneficios económicos no estipulados en la relación contractual.